La Calidad y la Excelencia nuevos paradigmas de la contratación pública
La COVID-19 ha supuesto una crisis sin precedentes que exige soluciones ágiles e inteligentes para hacer frente a un enorme aumento de la demanda de bienes y servicios por parte de la administración y servicios públicos.
Sin perder de referencia la regulación establecida por la Ley de Contratos Públicos del Sector público, el Gobierno estatal y las Comunidades Autónomas se han visto obligadas a adoptar numerosas medidas en materia de contratación pública, adaptándose a las nuevas circunstancias.
Debemos tener memoria y aprender de los errores del pasado, ya que, una de las consecuencias de anteriores crisis, fueron los recortes presupuestarios, la bajada de los precios de las licitaciones, y en consecuencia, la adjudicación de contratos a ofertas mediocres a causa de la minoración de los precios ofertados o que no pudieron llegar a ejecutarse conforme a contrato debido su falta de viabilidad económica.
Quizás sea interesante actualizar la famosa frase y recordar que “nadie da euros a ochenta céntimos”.
Ahora más que nunca, nuestra guía ‘50 criterios de Calidad y Excelencia para la prestación del servicio, que aportan valor en la contratación pública’ es una herramienta indispensable de ayuda para la Administración, impulsando la calidad y la excelencia como nuevos paradigmas de la contratación pública garantizando así la eficacia y eficiencia de los servicios públicos estatales, autonómicos y locales.
Apoyada por un centenar de organizaciones, es un nuevo ejemplo de nuestro firme propósito de contribuir a crear una sociedad mejor, promoviendo organizaciones con una gestión excelente, innovadora y sostenible con confianza en el futuro.
Además de una serie de recomendaciones que aportan valor para los baremos de contratos, la guía pone de manifiesto como la eficiencia no puede ser interpretada desde modelos exclusivamente economicistas, sino que debe valorarse el estándar más adecuado de calidad en la prestación del servicio; que quienes quieran acceder a los contratos públicos, deberán cumplir con las exigencias de calidad que determinen las entidades adjudicadoras y, finalmente, reclama que además de un cambio de cultura, es necesario disponer de instrumentos flexibles y sencillos que ayuden a los poderes públicos a adjudicar contratos transparentes y competitivos en función de la mejor relación calidad-precio.
Me gustaría resaltar cinco medidas recogidas en la guía, entre otras, que son realmente interesantes en estos momentos:
- Dado que la calidad de una administración pública también se mide por los niveles de calidad de sus proveedores, es imprescindible impulsar ambas, para que resulten beneficiados la sociedad en su conjunto, los servicios y trabajadores.
- Potenciar sistemas de valoración más orientados a los resultados de la prestación del servicio. Es necesario establecer para los servicios más relevantes indicadores comunes, realizar mediciones a nivel sectorial y definir estándares por parte de las administraciones públicas.
- La realización periódica durante la ejecución del contrato de una auditoría de evaluación y definir un plan de actuación ante incumplimientos o inadecuada prestación del servicio.
- Establecer en los pliegos de condiciones, penalizaciones ante el incumplimiento de la oferta, así como incentivos ante buenos resultados.
- En los elementos de juicio de valor, valorar aspectos tan relevantes del servicio como el propósito, visión y valores de los procesos del servicio, sistema de comunicación y participación, plan de formación, sistema de liderazgo o gestión de motivación, talento, felicitaciones y reconocimiento, entre otros.
En estos momentos de incertidumbre es necesario la transformación de nuestros organismos públicos y asumir nuevos modelos y herramientas generadores de confianza en la sociedad.